Mariana Campos
EL UNIVERSAL
A lo largo de los últimos años, el nivel de endeudamiento del Gobierno federal ha demostrado ser excesivo para su capacidad de pago. El problema es resultado de que los recursos de la deuda se han enfocado en financiar programas y proyectos que no han ampliado la generación de ingresos públicos. Esto, a su vez, ha promovido que el costo financiero de la deuda acapare una buena parte del presupuesto. En 2025, alcanzará el 3.8% del PIB. Esta proporción representa más de la mitad de toda la recaudación anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) proyectada para el siguiente año, el ingreso más relevante del Gobierno federal.
La falta de espacio en el presupuesto ya cobró factura desde el primer paquete económico de la presidenta Sheinbaum. El Poder Ejecutivo propuso recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025. Si bien eran necesarios para controlar el crecimiento del déficit, ponen de manifiesto cuáles gastos no serán prioritarios durante su administración. Por ejemplo, el de salud, que tristemente tampoco lo fue el sexenio anterior.
En el PPEF 2025 se propone una caída en el presupuesto de salud de 122 mil millones de pesos, equivalente a 12.2% menos que al aprobado en 2024.
La salud de los asegurados y la de los no asegurados
El recorte al gasto en salud específicamente menoscaba los servicios de quienes no cuentan con acceso a la seguridad social formal. Ahí están las personas más vulnerables. Las instituciones que atienden a este segmento de la población tendrán un recorte del 22%. Además, se reduce en 42.5% el presupuesto de los servicios de salud que se presta n en las clínicas y hospitales de los estados, y 34% el de la Secretaría de Salud.
El gasto anual per cápita de las personas sin seguridad social se situaría en un nivel mínimo histórico de 4,490 pesos: el más bajo en 15 años. En contraste, el presupuesto global de las instituciones de salud de las personas aseguradas sería 95% superior a las instituciones de los no asegurados: es la mayor brecha desde 2005.
El bajo gasto que registra México contrasta con los serios problemas de salud que presenta la población mexicana. De acuerdo con un estudio de la OCDE, la epidemia del sobrepeso y obesidad disminuye el crecimiento económico de México en 5.3% del PIB. Nuestro país presentó el mayor impacto económico de 52 países.
Si la administración de AMLO y ahora la de Sheinbaum han podido recortar el presupuesto de la salud de los que no cuentan con seguridad social, es porque lamentablemente el gobierno no está obligado a presupuestar una cuota por cada usuario de estos servicios.
El gasto en salud no debe considerarse prescindible
En ambos sexenios se han priorizado los recursos del presupuesto para financiar los programas de transferencias universales (por ejemplo, las pensiones y becas del bienestar) diseñados para beneficiar por igual a las personas con más y menos recursos. En contraste, los programas de salud de las personas sin seguridad social están enfocados en beneficiar más a las familias de menores ingresos. De hecho, si son bien manejados, tienen el potencial de impactar positivamente —y en mayor medida— a las familias más pobres. Pero los programas universales han acaparado el presupuesto.
El gasto de salud no debe ser visto como un gasto prescindible, sino inversión pública, que brinda mayor dignidad a las personas, reduce desigualdades y ayuda a controlar las pérdidas económicas derivadas de la carga de las enfermedades.
El recorte al gasto de salud socava el pleno cumplimiento del derecho a la salud en el presente y en el futuro. Un sistema de salud debilitado será incapaz de enfrentar y controlar las crecientes demandas de una población más longeva, que se caracteriza por padecer enfermedades crónicas y que pronto acelerará su envejecimiento. Sun
