Tapachula, Chiapas; 25 de Abril.- “La mitad de la población en Tapachula está en riesgo de perder sus patrimonios, ya que compraron y construyeron en terrenos ejidales y, aunque tengan escrituras, estas pudieran no tener ninguna validez”, sostuvo el abogado, Juan José Tirado Aguilar.
En entrevista para rotativo EL ORBE, dio a conocer que, en base a ello y a que los propietarios no actualizaron oportunamente sus registros, las inmobiliarias han iniciado juicios civiles con los que planean recuperar los predios, pero después de casi cuatro décadas.
Señaló que el despacho jurídico “Tirado y Sánchez”, que él representa, también ha iniciado la defensa de un grupo de familias a las que, en los últimos días, les han empezado a notificar que tienen que desocupar sus viviendas porque supuestamente hubo irregularidades en la adquisición de los terrenos.
Por ejemplo, en la colonia “Joaquín del Pino”, ubicada a partir de la 22 Oriente, entre la 7ª y la 9ª Sur, hay unas 40 familias que ya fueron notificadas, entre ellas su cliente, Josefina Hernández Pavón, que fue demandada por la empresa Inmobiliaria Mactumatza S.A. de C.V., mediante el juicio 1067 del 2018.
En el expediente, tramitado en el Juzgado Primero de lo Civil de Tapachula, le están pidiendo que desocupe su casa mediante un juicio reivindicatorio.
De acuerdo a la historia de la ciudad, en Agosto de 1982, hace ya 37 años, esos terrenos estaban abandonados y grupo de personas decidió ocuparlos, como sucedió en gran parte de la ciudad.
En algunos casos y después de varios años, los posesionarios decidieron vender a otras personas a través de convenios de buena fe y así, consecutivamente, hasta hoy en día.
Otros fallecieron y los predios quedaron en manos de sus familiares, quienes después vendieron o aún siguen en esos lugares como propietarios.
Los años pasaron desde aquel comienzo de los 80 y cada posesionario -o los sucesores- fueron construyendo sus viviendas que ahora son su patrimonio.
Varios de ellos se preocuparon por la regularización de sus predios y, por ello, acudieron a las autoridades estatales de ese entonces, tal y como aparece en el expediente AST de la región Soconusco, de Marzo del 2004.
Ahí, aparecen documentos del Instituto de la Vivienda (INVI), en donde la que era directora, Rosa Marbel Vera Mejía, instruía al Delegado Regional que integrara todo lo relacionado a la “Joaquín del Pino”, para atender su regularización.
La misma dependencia del Gobierno del Estado hizo referencia en el oficio 229/5 de ese año, que ya se estaba buscando a José María Baldor Roldán, quien era el Director General de la inmobiliaria, para llegar a los acuerdos necesarios que permitieran dar solución a esa problemática.
Antes, un grupo de personas de esa colonia habían expresado por escrito su deseo de entablar una mesa de trabajo con la empresa, con el Gobierno Estatal de intermediario y bajo una expropiación, para que pagaran la indemnización de los terrenos, sin incluir las construcciones ni la urbanización.
Los años pasaron y no hubo grandes avances. Los posesionarios pudieron acceder a servicios de energía eléctrica, agua potable, drenajes y otros, pero no tuvieron los documentos para pagar el impuesto predial.
Parecía que las décadas habían servido para concluir todo aquello, hasta hoy, en que apareció de nuevo la inmobiliaria, comenzó los juicios y busca recuperar los terrenos.
“Desde aquella fecha hasta ahora, consideramos que existe una prescripción a favor de toda la gente que está ahí, y por eso solicitamos la intervención de las autoridades para que se solucione esto en beneficio de los colonos”, opinó el abogado.
Según dijo, en el municipio hay muchísimos lugares en donde tienen escritura de propiedad, pero que están en situaciones ejidales y por lo mismo, no tienen validez alguna y en cualquier momento los que aseguran ser los propietarios, pueden ser desalojados.
Al menos la mitad de Tapachula pudiera estar envuelta en ese problema, calculó, pero la población no lo sabe todavía.
Dejó en claro que muchas familias decidieron acudir a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en donde pudieron legalizar su situación, pero la gran mayoría no lo hizo.
Por eso, hizo un llamado al Gobierno del Estado para su intervención urgente, por medio del cual se impulse una estrategia que permita la solución de ese añejo problema que hoy amenaza con volverse en un caos social. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
La Mitad de la Población en Tapachula en Riesgo de Perder su Patrimonio
