Tapachula, Chiapas; 19 de Julio.- La recién reforma para la Educación Especial impulsada por el actual Gobierno Federal, afecta directamente en el país a más de siete millones de niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, sostuvo el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González.
Entrevistado luego de participar en un foro con especialistas en Derecho para discutir el tema, dijo al rotativo EL ORBE que esos cambios a la ley han provocado en amplios sectores de la sociedad y del magisterio de la CNTE, protestas y reacciones contrarias a la visión de la educación del futuro.
“A simple análisis, esta es dogmática, ideológica, difusa y sectaria, pues, sin más explicación que la de cambiar, deja fuera a un sector numeroso de menores de edad”, indicó al opinar que las personas que requieren educación especial son en razón de que la sociedad les exige e impone enfrentar a futuro sus propias circunstancias de proyecto de vida.
En esa condición, insistió, el Estado Mexicano se encuentra obligado a brindarles la educación necesaria, con competencias de globalización tecnológica, según se prescriben en el artículo 1º y 3º de la Constitución Federal.
En esa misma situación de marginación está quedando otro sector, abundó, “sin atención ni política pública educativa de investigación, como lo son las personas o alumnos con aptitudes y habilidades sobresalientes, que suman casi 200 mil en la República”.
Por eso justificó que docentes especialistas en la enseñanza especial de personas con habilidades diferentes, protestan y lo seguirán haciendo.
En términos generales, ahora los menores que sufran de algún problema auditivo, visual, motriz, psicológico, entre otros, tendrán que ser inscritos en escuelas normales. Es decir, sin especialistas en educación especial que atiendan sus necesidades básicas y comprendan sus limitaciones.
“Hay un marco jurídico que obliga a la Secretaría de Educación Pública y a la Federación, las entidades federativas y a los municipios, a atender la tarea educativa, ya que es un derecho humano básico, según lo prevé la UNESCO”, apunto.
El especialista en Derecho hizo referencia que, en el Artículo 35, se establece que en el sistema educativo comprende los tipos, niveles y modalidades incluyendo la educación especial, la indígena, para adultos, la formación para el trabajo y a distancia, según corresponda.
También mencionó al Artículo 61, donde se señala que la educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes y se atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
Es decir, hay que prepararlos para el proyecto de vida personal no solo en la educación, sino también en el trabajo productivo.
En el actual régimen, se debe asumir la responsabilidad de brindar a las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes, un marco jurídico que les garantice el total desarrollo y la inclusión social, libre de cualquier tipo de discriminación o menosprecio a sus derechos provocados por su situación, aseveró.
Además, salvaguardar sus derechos humanos y libertades fundamentales. que el Estado Mexicano reconoce y garantiza a personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes, contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Con esa actitud de la autoridad educativa, según Márquez, ignora, porque así se entiende, que en Chiapas hay una normativa vigente denominada Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que el pasado 21 de Septiembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial, con el Decreto 315, que es del orden público y de interés social, con aplicación obligatoria para todas las autoridades.
“El Gobierno de la República, no puede ignorar el imperio de la ley. El derecho positivo vigente no solo es para Chiapas, si se trata de la enseñanza de grupos vulnerables, sino es con la aplicación general de educación, aún vigente”, abundó.
De igual forma, que resulta una obligación en todo el país, en donde el régimen de Gobierno no puede ignorar esas leyes que regulan la tarea educativa y su obligación de aplicarla.
Asimismo, que los Gobiernos, para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, deben acatarse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Además, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, concerniente a la rehabilitación vocacional y empleo para las personas discapacitadas.
“Debemos recordar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, puntualizó.
En las últimas semanas ha habido manifestaciones de protesta en diversas regiones del país, en contra de las reformas a la Educación Especial.
Apenas la semana pasada ocurrió en Tapachula, cuando normalistas y maestros marcharon por las principales calles de la ciudad y concluyeron en un mitin en la explanada exterior del Palacio Municipal, para hacer público su repudio a esas modificaciones legales que, según dijeron, deja en estado de indefensión a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los niños con capacidades diferentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
Protestan Abogados por Reformas a la Educación Federal
