Por Orden de Oscar Gurría
Tapachula, Chiapas; 11 de Febrero.- Personal de la Comisión de Derechos Humanos y de organismos internacionales arribaron este martes a la región indígena de Toquián Grande-Pavencul, para recabar las pruebas sobre las investigaciones que se siguen en el expediente del “Lunes Negro”.
La brigada levantó las declaraciones de las víctimas de aquella barbarie del pasado 27 de Enero, cuando elementos de la Policía Municipal arremetieron contra ellos dentro y fuera de la alcaldía local, a golpes y gases lacrimógenos.
Los indígenas tuvieron que pasar un trago amargo porque tuvieron que relatar los detalles de aquella agresión que marcó la historia de Tapachula en lo que se refiere al exceso de la fuerza pública, la impunidad y el abuso de poder.
Un especialista verificó las lesiones físicas que quedaron también marcadas en el cuerpo de esos campesinos que, en la mañana de aquel día, arribaron pacíficamente a solicitar que el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, cumpliera sus promesas de obra pública que llegó a ofrecer a cambio de votos en su campaña de proselitismo, tal y como lo dieron a conocer los mismos afectados.
Se desconoce plenamente lo que cada uno narró en las actas que se levantaron y lo que apreciaron físicamente los visitadores.
Aunque, de acuerdo a comentarios de pobladores de esa región enclavada en la zona rural alta de este municipio, había algunos con fracturas de costillas por las patadas que les dieron tirados en el piso; otros con quemaduras de gases en las piernas, heridas, entre otros.
Esto es independiente del proceso que se sigue desde la semana pasada en el Congreso del Estado, y de las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado para dar con los actores materiales e intelectuales de esos lamentables hechos.
A 16 días de eso, ha ido creciendo la sospecha entre la sociedad de que todo quedará la impunidad, luego de que el Ayuntamiento es vertido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Y es que, en el año y medio que lleva la actual administración local, ha habido otros escándalos judiciales que, misteriosamente, siguen engavetados y cubiertos con un manto de inmunidad.
Por ejemplo, se ha comprobado la falsificación de firmas de regidores en las actas de Cabildo; fraude a grupos de mujeres de escasos recursos; presentación de cédulas profesionales falsas; la violación flagrante a mandatos de un Juez federal, entre otros, pero no pasa nada.
Esto sin contar los señalamientos de nepotismo y de contrataciones millonarias a empresas bajo supuestas irregularidades, como en lo relacionado a los camiones recolectores de basura; el de suministro de comida para policías y personal de Protección Civil, y hasta en la compra de llantas.
Se espera que los datos recabados en la Región Indígena Mam de Tapachula, sean suficientes para la elaboración de un dictamen de lo ocurrido, basado en la declaración directa de las víctimas, y se emitan como una recomendación en la que, se cree, se pudiera exigir la separación del cargo y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables.
En la tarde de este martes había el temor entre varios elementos de la Policía Municipal porque consideran que los pueden involucrar en el caso.
Y es que algunos de ellos estaban en el estacionamiento del Palacio Municipal cuando sucedieron los hechos, en un lugar que fue utilizado para la tortura en contra de los campesinos, tal y como lo comprobaron a las autoridades con fotografías y videos.
Previendo que eso pudiera ocurrir, algunos de ellos decidieron redactar un acta administrativa con sus declaraciones para presentarla también a los Derechos Humanos, pero de manera privada. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
