*Suman más de 28 MMDP.
Tapachula, Chiapas, 17 de septiembre de 2025. – Integrantes del Movimiento Nacional de Jubilados «Unidos por la Lucha», encabezados por Sandra Maritza Roblero Arreola, coordinadora estatal en Chiapas, anunciaron su participación en una mega marcha nacional que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre en la Ciudad de México.
La movilización busca exigir la revisión y revocación de la jurisprudencia 185/2008, la cual ha impedido a miles de jubilados del IMSS acceder a recursos acumulados por cesantía y vejez en sus cuentas individuales de AFORE.
Estamos hablando de un estimado de 28 mil 500 millones de pesos a nivel nacional. En Chiapas somos cerca de 300 demandantes, de un total de 5 mil a nivel nacional, detalló.
El movimiento, que agrupa a jubilados de 24 estados, ha mantenido una lucha tanto jurídica como social desde 2019, enfrentando obstáculos como la pandemia, cambios de gobierno y retrasos en los tribunales. Actualmente, al menos 62 expedientes están en proceso legal, y más de la mitad ya han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La movilización incluirá un plantón frente al Palacio Nacional, una concentración ante la Suprema Corte y la entrega formal de un escrito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Queremos que los nuevos ministros escuchen nuestra voz y analicen esta jurisprudencia que ha afectado gravemente a miles de familias, expresó.
Hizo un llamado urgente a todos los jubilados del IMSS, especialmente a los que aún no se han unido al movimiento, a sumarse a la causa. Subrayó que esta lucha no solo beneficiará a los actuales demandantes, sino también a todos los futuros jubilados del país.
Muchos compañeros ya han fallecido sin recibir lo que por ley les correspondía. Otros viven con enfermedades crónicas o en condiciones económicas críticas.
El recurso es individual y debe ser devuelto. Son aproximadamente 300 mil pesos por persona, dependiendo de la categoría laboral. No pedimos más de lo que es nuestro”, señaló.
La manifestación será totalmente pacífica. Los participantes aseguran que no buscan afectar a terceros, sino visibilizar su legítima demanda ante las autoridades federales. EL ORBE/Nelson Bautista
