Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación formal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades contra 16 funcionarios y exfuncionarios encargados de los penales federales por un presunto daño de 62 mil 840 millones de pesos a las finanzas públicas, derivado de la firma con sobrecostos en los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Federal (SSPF) a consorcios privados para la construcción de ocho centros penitenciarios.
Tras dos audiencias fallidas y una espera de más de seis meses, la FGR también imputó el delito de asociación delictuosa a dos exmandos que colaboraron con Genaro García Luna cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Se trata del exoficial Mayor de la SSPF, Sergio Montaño Fernández; y del exdirector General de Administración de esa misma dependencia entre 2011-2012, Arturo Sosa Viderique.
La causa penal por este caso se inició por una denuncia para investigar diversas irregularidades en los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados para la construcción de ocho penales federales por un monto de 199 mil 476 millones de pesos.
Sin embargo, supuestas condiciones desventajosas para el gobierno mexicano habrían elevado el costo de las obras a 212 mil 258 millones de pesos en 2020, de los cuales 62 mil 840 millones de pesos fue considerado por el actual gobierno como un sobrecosto injustificado.
Debido a que no pudo comparecer con sus abogados, quienes no pudieron estar presentes en la audiencia inicial por estar contagiados de covid-19, el juez el Juez de Control adscrito al Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, resolvió excluir de la imputación formal al exdirector de Adquisiciones de la SSPF, Marco Antonio Villareal Gutiérrez.
Aun cuando la causa penal contempla iniciar el proceso penal contra 20 exfuncionarios, sólo 17 comparecieron ante el Juez de Control adscrito al Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, mientras que tres no estuvieron presentes. Además, durante la audiencia se resolvió por excluir de la imputación formal a Villarreal Gómez por la falta de una defensa.
También fueron excluidos de la audiencia de imputación la exdirectora de Adquisiciones de la extinta SSPF, Janette Miriam Martínez Sánchez, quien no acudió a la audiencia tras notificar al Poder Judicial de la Federación que padece covid-19; el exdirector de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2011, Javier Haro de Alba, declarado en estado de interdicción e inimputable por cuestiones de salud: y al exdirector general adjunto de ese mismo organismo, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, quien nunca pudo ser localizado para comparecer ante un juzgador federal.
Así, los imputados fueron los excoordinadores de penales federales entre 2011 y el 2018, Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, así como el actual titular de esa responsabilidad, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
También fueron imputados los exdirectores Generales de Administración de los penales federales, Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, y los excoordinadores de centros federales del OADPRS, Saúl Castro Castro y Antonio Molina Díaz, quien actualmente ocupa un cargo similar en el Instituto Nacional de Migración (INM).
La imputación formal también se presentó contra el exdirector General Adjunto de la Dirección General de Administración del OADPRS, Miguel Vital Hernández; la exdirectora de Adquisiciones, Alma Delia Sánchez Ocampo; y otros exfuncionarios de ese mismo organismo como Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
Este proceso penal también contempla como imputado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Sun
