Adrián Alcalá Méndez*
Una magnífica característica de nuestro país es la enorme diversidad cultural y étnica, un rasgo que enriquece nuestro patrimonio como nación. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado el pasado 5 de septiembre, me he permitido compartir algunas reflexiones sobre los retos que aún enfrentamos como Estado para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de este grupo poblacional.
Aunque hemos avanzado en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, y de su invaluable aporte al patrimonio cultural del país y de la humanidad; es evidente que aún queda mucho por hacer. En el ámbito legislativo, se han reconocido importantes derechos, como el referente a la autodeterminación, que garantiza a estos pueblos la facultad de decidir su propio camino de desarrollo, preservando sus instituciones y costumbres. También hemos visto progresos significativos en la agenda feminista del país. Sin embargo, persisten desafíos críticos, especialmente en lo que respecta a la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones públicas que afectan su vida y territorio. No perdamos de vista que ellas pueden presentar una doble discriminación con motivo de su género y pertenencia étnica.
Superar esta deuda histórica requiere un compromiso firme con el respeto y promoción de los derechos conquistados por las mujeres indígenas en el tiempo. Por ello, considero acertada la reciente iniciativa de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como la próxima creación de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno federal.
Un derecho de particular importancia para los pueblos indígenas es el del consentimiento previo e informado, que garantiza que sean informados y consultados sobre las decisiones que puedan afectar sus tierras, recursos y modos de vida. En este contexto, el acceso a la información se convierte en una herramienta crucial para las mujeres indígenas.
El acceso a la información, además de ser un derecho, es una herramienta para abordar problemas reales de personas y comunidades, y puede abrirles la puerta a beneficios públicos previamente desconocidos. Por eso, desde el INAI promovemos el derecho a la información entre poblaciones que tradicionalmente no lo han ejercido.
El derecho de acceso a la información es, en esencia, el derecho a saber, lo cual constituye un pilar en toda democracia, ya que empodera a las personas al proporcionarles las herramientas necesarias para dialogar con las autoridades, reducir las asimetrías de información, mejorar su acceso a servicios públicos y detonar procesos de rendición de cuenta y prevención de la corrupción. Si estos efectos son importantes para la sociedad en general, lo son aún más para las mujeres indígenas, tradicionalmente marginadas.
Por estas razones, en lugar de considerar la desaparición de los organismos de transparencia, podemos fortalecer sus capacidades para que, entre otras cosas, continúen trabajando en favor de los pueblos indígenas y de sus mujeres, con un enfoque inclusivo y culturalmente sensible.
Como Estado, tenemos una deuda histórica con las mujeres indígenas que no podemos olvidar. Recordemos siempre que su voz y sus derechos son esenciales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sun
*Comisionado Presidente del INAI
