sábado, agosto 13, 2022
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Roberto Rock L.

¿Claudia Ajustará (por fin) Cuentas con Mancera?

Por instrucciones de Sheinbaum se reactivaron causas judiciales contra gente de su antecesor Mancera.

Por instrucciones surgidas del despacho de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad de México, se han reactivado causas judiciales contra el primer círculo de colaboradores de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, actual senador. Tres averiguaciones independientes, todas incendiarias, han comenzado a generar ya arrestos confirmados.
Uno de los expedientes más consolidados se refiere a la burda red de espionaje político durante casi toda la gestión de Mancera, contra personajes locales y nacionales, entre los que destacan el actual presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su familia, en particular sus tres hijos mayores, así como la propia Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con las indagatorios consignadas ya en más de 2,000 páginas, por parte de la actual Fiscalía local que encabeza Ernestina Godoy Ramos, la operación funcionó desde inicios de 2013 hasta finales de 2018, y fue montada desde los primeros niveles de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, a cargo de funcionarios que reportaban directamente con la propia cabeza del gobierno capitalino.
Un exintegrante de la Fiscalía, José Roberto Uribe Ruiz, y uno más, identificado solo como «Jesús Noé N», han sido detenidos, y el primero de ellos es ya el primer acusado que se conozca en el país vinculado a proceso por cargos de espionaje político. De acuerdo con documentación rescatada, existieron al menos tres centros -en su mayoría, inmuebles propiedad de la ciudad- desde donde se practicaba la escucha de teléfonos, intercepción de mensajería telefónica y seguimiento de actividades de figuras públicas cercanas también a López Obrador, como Bertha Luján Uranga, hoy presidenta del Consejo Nacional de Morena; Martí Batres, hoy secretario de Gobierno capitalino; Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como Marcelo Ebrard, antecesor de Mancera y actual Canciller.
En Septiembre de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el grupo periodístico «Dromómanos» reveló la existencia de un expediente de la Fiscalía de la ciudad en el que se consignan evidencias abrumadoras del referido espionaje contra casi 120 políticos considerados adversarios políticos de Mancera. Desde entonces fueron incautados miles de documentos probatorios, aunque se estima que quizá medio millón de registros con documentos, audios y videos fueron borrados de decenas de computadoras usadas para esta operación antes de ser incautadas.
Otra averiguación judicial que exhibe avances concretos se refiere a un desvío millonario por la compra irregular de computadoras portátiles o «tablets», gestionada desde la Secretaría de Movilidad. Se ha comprobado que la adquisición de miles de estos equipos, entre 2016 y 2017, se llevó a cabo con precios inflados y que los mismos resultaron inservibles para el propósito al que estaban destinados, entre ellos servicios policiales y de control de la movilidad en la propia metrópoli.
Una tercera veta de estas investigaciones, reconocida por la fiscal Godoy, es que en las instalaciones destinadas al espionaje funcionaba igualmente una red de funcionarios con los que estaba implicada la Consejería Jurídica de la ciudad, que detectaba inmuebles abandonados o intestados para alterar documentos en el Registro Público de la Propiedad a fin de hacerse de ellos, apoyados por Notarios venales.
La investigación contra el espionaje telefónico fue inicialmente abierta a inicios de 2013, pero presumiblemente quedó detenida por negociaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados por el entonces coordinador de Morena, Mario Delgado -actual presidente del partido- para cooptar a un grupo de legisladores, varios de los cuales acumulaban imputaciones de irregularidades durante la administración de Mancera. Todo indica que esa cobertura en su favor se ha extinguido. Sun

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Por instrucciones de Sheinbaum se reactivaron causas judiciales contra gente de su antecesor Mancera.

Por instrucciones surgidas del despacho de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad de México, se han reactivado causas judiciales contra el primer círculo de colaboradores de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, actual senador. Tres averiguaciones independientes, todas incendiarias, han comenzado a generar ya arrestos confirmados.
Uno de los expedientes más consolidados se refiere a la burda red de espionaje político durante casi toda la gestión de Mancera, contra personajes locales y nacionales, entre los que destacan el actual presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su familia, en particular sus tres hijos mayores, así como la propia Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con las indagatorios consignadas ya en más de 2,000 páginas, por parte de la actual Fiscalía local que encabeza Ernestina Godoy Ramos, la operación funcionó desde inicios de 2013 hasta finales de 2018, y fue montada desde los primeros niveles de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, a cargo de funcionarios que reportaban directamente con la propia cabeza del gobierno capitalino.
Un exintegrante de la Fiscalía, José Roberto Uribe Ruiz, y uno más, identificado solo como «Jesús Noé N», han sido detenidos, y el primero de ellos es ya el primer acusado que se conozca en el país vinculado a proceso por cargos de espionaje político. De acuerdo con documentación rescatada, existieron al menos tres centros -en su mayoría, inmuebles propiedad de la ciudad- desde donde se practicaba la escucha de teléfonos, intercepción de mensajería telefónica y seguimiento de actividades de figuras públicas cercanas también a López Obrador, como Bertha Luján Uranga, hoy presidenta del Consejo Nacional de Morena; Martí Batres, hoy secretario de Gobierno capitalino; Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como Marcelo Ebrard, antecesor de Mancera y actual Canciller.
En Septiembre de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el grupo periodístico «Dromómanos» reveló la existencia de un expediente de la Fiscalía de la ciudad en el que se consignan evidencias abrumadoras del referido espionaje contra casi 120 políticos considerados adversarios políticos de Mancera. Desde entonces fueron incautados miles de documentos probatorios, aunque se estima que quizá medio millón de registros con documentos, audios y videos fueron borrados de decenas de computadoras usadas para esta operación antes de ser incautadas.
Otra averiguación judicial que exhibe avances concretos se refiere a un desvío millonario por la compra irregular de computadoras portátiles o «tablets», gestionada desde la Secretaría de Movilidad. Se ha comprobado que la adquisición de miles de estos equipos, entre 2016 y 2017, se llevó a cabo con precios inflados y que los mismos resultaron inservibles para el propósito al que estaban destinados, entre ellos servicios policiales y de control de la movilidad en la propia metrópoli.
Una tercera veta de estas investigaciones, reconocida por la fiscal Godoy, es que en las instalaciones destinadas al espionaje funcionaba igualmente una red de funcionarios con los que estaba implicada la Consejería Jurídica de la ciudad, que detectaba inmuebles abandonados o intestados para alterar documentos en el Registro Público de la Propiedad a fin de hacerse de ellos, apoyados por Notarios venales.
La investigación contra el espionaje telefónico fue inicialmente abierta a inicios de 2013, pero presumiblemente quedó detenida por negociaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados por el entonces coordinador de Morena, Mario Delgado -actual presidente del partido- para cooptar a un grupo de legisladores, varios de los cuales acumulaban imputaciones de irregularidades durante la administración de Mancera. Todo indica que esa cobertura en su favor se ha extinguido. Sun

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Uno de los expedientes más consolidados se refiere a la burda red de espionaje político durante casi toda la gestión de Mancera, contra personajes locales y nacionales, entre los que destacan el actual presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su familia, en particular sus tres hijos mayores, así como la propia Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con las indagatorios consignadas ya en más de 2,000 páginas, por parte de la actual Fiscalía local que encabeza Ernestina Godoy Ramos, la operación funcionó desde inicios de 2013 hasta finales de 2018, y fue montada desde los primeros niveles de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, a cargo de funcionarios que reportaban directamente con la propia cabeza del gobierno capitalino.
Un exintegrante de la Fiscalía, José Roberto Uribe Ruiz, y uno más, identificado solo como «Jesús Noé N», han sido detenidos, y el primero de ellos es ya el primer acusado que se conozca en el país vinculado a proceso por cargos de espionaje político. De acuerdo con documentación rescatada, existieron al menos tres centros -en su mayoría, inmuebles propiedad de la ciudad- desde donde se practicaba la escucha de teléfonos, intercepción de mensajería telefónica y seguimiento de actividades de figuras públicas cercanas también a López Obrador, como Bertha Luján Uranga, hoy presidenta del Consejo Nacional de Morena; Martí Batres, hoy secretario de Gobierno capitalino; Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como Marcelo Ebrard, antecesor de Mancera y actual Canciller.
En Septiembre de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el grupo periodístico «Dromómanos» reveló la existencia de un expediente de la Fiscalía de la ciudad en el que se consignan evidencias abrumadoras del referido espionaje contra casi 120 políticos considerados adversarios políticos de Mancera. Desde entonces fueron incautados miles de documentos probatorios, aunque se estima que quizá medio millón de registros con documentos, audios y videos fueron borrados de decenas de computadoras usadas para esta operación antes de ser incautadas.
Otra averiguación judicial que exhibe avances concretos se refiere a un desvío millonario por la compra irregular de computadoras portátiles o «tablets», gestionada desde la Secretaría de Movilidad. Se ha comprobado que la adquisición de miles de estos equipos, entre 2016 y 2017, se llevó a cabo con precios inflados y que los mismos resultaron inservibles para el propósito al que estaban destinados, entre ellos servicios policiales y de control de la movilidad en la propia metrópoli.
Una tercera veta de estas investigaciones, reconocida por la fiscal Godoy, es que en las instalaciones destinadas al espionaje funcionaba igualmente una red de funcionarios con los que estaba implicada la Consejería Jurídica de la ciudad, que detectaba inmuebles abandonados o intestados para alterar documentos en el Registro Público de la Propiedad a fin de hacerse de ellos, apoyados por Notarios venales.
La investigación contra el espionaje telefónico fue inicialmente abierta a inicios de 2013, pero presumiblemente quedó detenida por negociaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados por el entonces coordinador de Morena, Mario Delgado -actual presidente del partido- para cooptar a un grupo de legisladores, varios de los cuales acumulaban imputaciones de irregularidades durante la administración de Mancera. Todo indica que esa cobertura en su favor se ha extinguido. Sun

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