Mariana Campos
En los últimos años fue disminuyendo la aportación de Pemex al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) No sólo eso: el Estado le regresaba una parte. Aun así, la suma de estas transferencias siempre fue positiva para el Gobierno federal. Esa bonanza ya terminó.
El primer trimestre de este año fue el primero en el que este modelo de financiamiento dio un giro. El Estado experimentó una pérdida de 44 mil millones de pesos (mmdp): le regresó más a Pemex (77 mmdp) de lo que esta empresa le contribuyó (33 mmdp). En el agregado, Pemex ya no aportó recursos al financiamiento del PEF.
El modelo de financiamiento público a partir de ingresos petroleros ha venido caducando desde hace tiempo. Es el segundo sexenio en el que los ingresos petroleros del Gobierno federal han caído a la mitad. Aunque la recaudación fiscal creció, no ha podido compensar este boquete. De tal modo que la renta total de la Federación (4%) ha crecido muy poco en comparación con las tres administraciones anteriores (36%, 22% y 24%, respectivamente). La gran pregunta es: ¿con qué ingresos ha sustituido y va a sustituir lo que está perdiendo? Lamentablemente, ha estado tapando el boquete con deuda. Esta situación ya no es sostenible.
El endeudamiento anual prácticamente se triplicará al cierre de este sexenio. Pasará de 2.1% del PIB en 2018 a 5.9% en 2024 —una expansión fiscal que, en su mayoría, por cierto, no se destinará a la inversión—. Esto nos sugiere que al gobierno ya no le alcanza. Ha crecido el monto de gasto que ya no puede pagar con sus propios ingresos.
Este ritmo de endeudamiento ha generado un mayor pago de intereses, lo que deja cada vez menos recursos disponibles del presupuesto para financiar rubros elementales, como el costo de los servicios públicos, o el desarrollo y mantenimiento de infraestructura. Es decir, está privando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y restándole posibilidades a la economía en medio de la mayor oportunidad económica para México del siglo: el nearshoring.
Para calmar los ánimos en año electoral, en marzo pasado el gobierno entregó al Congreso un documento sobre la planeación del Paquete Económico 2025. Ahí reiteró que hará un recorte al gasto de 3% del PIB en 2025. Dicho planteamiento ha tenido poca credibilidad, en primer lugar, porque será otro gobierno el que tome la decisión y ese gobierno no se ha elegido. En segundo lugar, se trata de un recorte sumamente ambicioso.
Aunque en 2017 se hizo un recorte similar, esta vez considero que será más difícil conseguirlo porque cada vez hay menos tela de donde cortar. Varios rubros no se pueden rebajar porque son obligaciones legales de pago. Otros llevan años de sufrir recortes o mantenerse con crecimiento estancado y, para conseguirlo, tendría que castigar programas sociales, el sello de la casa.
Lo que casi nadie nota es que el problema financiero del Gobierno federal no es la cantidad total de gasto (sin duda la calidad sí lo es), sino la falta de ingresos. Es un hecho que algunos rubros como los apoyos a Pemex, las pensiones del bienestar y el gasto de algunos proyectos de obra fueron excesivos en el sexenio que cierra, pero también hubo múltiples recortes. Recortar el gasto por lo menos ya no será la única solución.
El nuevo gobierno tendrá que asumir un costo político para resolver el problema fiscal sí o sí. No necesariamente elegirá rasurar los programas sociales, puede preferir asumir el costo de una reforma fiscal «para que los ricos paguen impuestos». Sobre todo cuando el problema viene por el lado de los ingresos. Esto en mi opinión hace más posible la reforma.
Hay quienes creen que para evitar esa reforma es posible seguir cubriendo el boquete con más deuda. Pero ya la calificadora Fitch declaró esta misma semana que si se mantiene el aumento acelerado de la deuda pública, eso podría afectar la calificación soberana de México. Esto nos llevaría a pagar más intereses por el endeudamiento creciente, nos pondría en serios aprietos y hasta podría precipitar una crisis fiscal.
No sobra decir que otro foco rojo se encendió la semana pasada, cuando la Secretaría de Hacienda decidió retirar los estímulos a la gasolina Magna y Diesel por primera vez en lo que va del año —a la Premium ya se le había retirado—. Desde el 18 de mayo y por lo menos hasta el 31 de mayo, los usuarios de gasolinas y diésel, también pagarán completo el importe del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Aunque es una buena medida de política fiscal, llama la atención que la decisión se tome previa a las elecciones. Por el costo político que implica que suba el precio de las gasolinas en México, indica que la presión financiera que enfrenta el gobierno es alta.
En medio de esta evidente hecatombe, las autoridades y políticos afirman que «no se requiere una reforma fiscal». Parece que a muchos les calma escucharlos, pero sabemos que es bastante ingenuo creer a los políticos lo que opinen de los impuestos, y más durante una campaña. Yo creo que lo peor que podemos hacer es seguir como si esta reforma no fuera a pasar. Los ciudadanos tenemos que prepararnos para ese momento, ¿tú ya pensaste qué quieres exigirle al gobierno a cambio de pagar más impuestos?. Sun
