Un Clavo más en la Cruz Azul
Raúl Rodríguez
Cuando parece que un hecho de corrupción ha tocado fondo, siempre emerge su resto de los abismos insondables de esa turbulenta mar.
Resulta que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes hoy dirigen la Cruz Azul y acusan a su antecesor Guillermo «Billy» Álvarez del presunto desvío de 114 millones de pesos de la cooperativa a través de cuatro empresas fantasmas, recurrieron a una compañía inexistente para facturar 26.7 millones de pesos de una supuesta auditoría en cuyos resultados se basa el proceso que tiene en prisión a quien durante tres décadas encabezó a la cementera.
La denuncia correspondiente quedó fincada en el SAT con el folio 11734 el pasado jueves 30 de enero y señala como presuntos responsables a Marín Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración; a Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Vigilancia; a la tesorera general María Alejandra Velázquez Paredes, al director financiero Juan Manuel Briseño González y a los representantes legales Jonnathan Julián Molina Suárez y Rafael Anzures Ortiz.
La emisora de la factura de marras es «Asesoría Jurídica y Fiscal Larme», membrete incluido por el SAT en su lista de entidades que facturan operaciones inexistentes o simuladas y que suelen utilizarse en esquemas de evasión fiscal o lavado de dinero.
La factura, con el folio fiscal 371D7884-BF5A, se expidió por servicios de auditoría fiscal para revisar los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2019, con fecha 4 de septiembre de 2020.
Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, quienes se han asumido como los supuestos salvadores de la cooperativa tras la detención de «Billy» Álvarez en la ciudad de México el pasado 16 de enero, podrían enfrentar cargos de defraudación fiscal, responsabilidad penal, encubrimiento y delito continuado.
Por este conflicto en Cruz Azul que ya lleva más de seis años, se han registrado violentos enfrentamientos y tomas de instalaciones entre grupos antagónicos de cooperativistas que ya han dejado diez muertos.
Entre los 200 cooperativistas expulsados por este conflicto, de los que al menos 50 están demandados por Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, hay varios que denuncian el proceder intimidante de los actuales directivos de la cementera.
Una de las víctimas de amenazas contra él y su familia es -según sus recientes declaraciones- Martín Anselmi, quien fuera director técnico del equipo de futbol. El entrenador argentino dijo que fue víctima de una campaña de linchamiento mediático de la directiva de Cruz Azul a partir de una mentira, ya que él avisó con tiempo e incluso se negoció con el club su fichaje en la escuadra lusitana Porto.
En una carta de «Billy» Álvarez recibida por esta columna, el hoy encarcelado Expresidente de la Cooperativa Cruz Azul hace un puntual recuento del conflicto y acusa que a él y a sus socios cooperativistas les crearon delitos para ser despojados de la Cruz Azul «en una maniobra orquestada desde el poder» iniciada en el segundo semestre de 2019.
Le pone nombre al autor de dicha maniobra: el entonces consejero jurídico de la presidencia de AMLO, Julio Scherer Ibarra, y afirma: «… no necesito decir que soy inocente, sino que con hechos demostraré que se me convirtió en villano para justificar un despojo».
Álvarez denuncia también arbitrariedades cometidas en su contra por el aparato de justicia, abuso de autoridad y acciones dilatorias del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, y una cascada de juicios en su contra promovidos en su momento por abogados como Guillermo Barradas y Rafael Anzures Ortiz (este último hijo de quien fuera en su momento presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) cuyo despacho ha recibido en menos de tres años -según el señalamiento de Álvarez- pagos que exceden los mil 200 millones de Pesos. Sun
