Francisco Riquelme Gallardo*
El pasado 23 de marzo asistí a un encuentro con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, organizado, entre otros, por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Fue una oportunidad para escuchar a una funcionaria consciente de la complejidad que implica procurar justicia en una de las ciudades más grandes del mundo.
Uno de los planteamientos centrales fue claro: la Fiscalía debe lograr más resultados con el mismo presupuesto. Ante ello, algunos propusieron gestionar mayores recursos; sin embargo, la reflexión de fondo exige otra perspectiva.
La Fiscal compartió un dato revelador: existen agentes del Ministerio Público con cargas de hasta mil carpetas de investigación. Muchas están prescritas o corresponden a hechos que no constituyen delito, pero siguen activas, generando una carga operativa que desvía recursos de casos relevantes.
Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo puede la sociedad, y en particular la abogacía, contribuir a una procuración de justicia más eficaz sin depender únicamente de más presupuesto?
Un ejemplo concreto es el caso MetaXchange. En el despacho recibimos consultas de clientes que habían invertido en esta empresa, la cual prometía altos rendimientos. El análisis inicial apuntó a un esquema fraudulento tipo Ponzi. Surgió entonces una duda crítica: ¿tenía la Fiscalía capacidad real para investigar un fraude financiero complejo? En términos prácticos, no.
Ante ello, asumimos que el éxito dependería en gran medida de nuestro trabajo. Construimos una base probatoria sólida para facilitar la actuación de la autoridad. El eje fue demostrar que la empresa utilizaba recursos de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los anteriores.
El primer reto fue técnico: procesar información de múltiples cuentas durante varios años. Se organizó y analizó la información con herramientas de inteligencia artificial, confirmando la hipótesis. Luego se agruparon los casos, integrando expedientes completos con entrevistas, peritajes contables y una estructuración que minimizara la intervención adicional de la Fiscalía.
Con esta base, se presentó la información de forma ordenada, lo que permitió obtener autorización judicial para requerir datos a instituciones bancarias y diversas autoridades. El análisis posterior de más de dos mil documentos confirmó el flujo de recursos y permitió obtener tres órdenes de aprehensión.
Durante el proceso se identificaron cerca de doscientas carpetas adicionales sobre los mismos hechos que no habían avanzado, además de víctimas que no denunciaron. El contraste es claro: un mismo fenómeno, múltiples investigaciones aisladas y resultados distintos.
La investigación que representamos tomó aproximadamente cuatro meses. Esto matiza la idea de que el sistema penal es inherentemente ineficiente; su desempeño depende en gran medida de la calidad y organización de la información.
¿Qué ocurriría si la Fiscalía integrara las carpetas relacionadas mediante inteligencia artificial? Esta herramienta no sustituye el criterio jurídico, pero permite depurar cargas, identificar patrones y optimizar recursos.
Quizá el futuro no esté en discutir la falta de presupuesto, sino en mejorar resultados mediante el uso eficiente de la tecnología y la transformación de los métodos de trabajo. Sun
*Miembro de la Comisión de Derecho Penal de la BMA.
