Trasladan a El Amate a 24 Integrantes del MOCRI Detenidos por Invasión

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Centro, en coordinación con la Policía Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), realizó el traslado de 24 personas detenidas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 El Amate para ponerlas a disposición del Juez de Control por el delito de despojo agravado cometido en agravio de propietarios del Fraccionamiento Magaly del municipio de Berriozábal.
Los detenidos responden a los nombres de Javier “N”, de 50 años; Roque “N” de 30 años; Margarito “N”, de 35 años; José “N”, de 47 años; Rigoberto “N”, de 26 años; Luis “N”, de 33 años; Jorge “N”, de 54 años; Iván “N”, de 20 años; Joel “N”, 27 años; Humberto “N” de 28 años; Juan Alejandro “N”, de 30 años; Leonardo “N”, de 26 años.
Así como Rigoberto “N”, de 38 años; Gonzalo “N”, de 60 años; Juan Carlos “N”, de 33 años; Daniel “N”, de 48 años; Apolinar “N”, de 54 años; Ricardo “N”, de 26 años; Carlos David “N”, de 21 años; Vicente “N”, de 21 años, Rodolfo “N”, de 48 años; José Rigoberto “N”, de 24 años; Rebeca “N”, de 30 años; y María Magdalena “N”, de 29 años.
Los inculpados se posesionaron de manera violenta del predio mencionado, por lo que el pasado 22 de marzo esta Fiscalía realizó el operativo de restitución del mismo, siendo detenidos en flagrancia por el delito de despojo agravado.
Actualmente se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica por el delito que se les atribuye, por el que podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.
Todas estas personas han sido asistidas legalmente con respeto a sus derechos fundamentales y en el marco del debido proceso y principio de legalidad, por lo que tras integrarse las Carpetas de Investigación fueron presentadas ya ante la autoridad que controla la actuación policial y ministerial, con el fin de realizar la formulación de imputación y solicitar sean vinculados a un proceso penal en el que se garanticen los derechos de las víctimas directas y de la población en general como afectadas por esos hechos violentos. Agencias