Jueces Protegen a Migrantes con Amparos

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Ciudad de México, 3 de noviembre.- Entre enero de 2020 y hasta el 29 de octubre de 2021 los jueces y tribunales federales han emitido más de 100 resoluciones relacionadas con los amparos que han tramitado diversos migrantes que reclaman detenciones, condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de reconocimiento como refugiados, entre otras problemáticas.
En total, han sido emitidas 116 resoluciones, entre sentencias de amparo y suspensiones provisionales y definitivas, a las distintas problemáticas expuestas por los migrantes que llegan al país.
Los amparos regularmente son tramitados por los propios quejosos, organizaciones de la sociedad civil o por representantes de la Defensoría Pública Federal que acuden a los albergues a realizar visitas y pláticas informativas sobre los derechos que les asisten.
Algunos amparos fueron tramitados por migrantes acompañados por sus hijos menores de edad, en los que solicitaron la protección para éstos.
Un grupo de migrantes que se encontraba en el albergue La Loma, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, pidieron un amparo contra la omisión de la Secretaría del Bienestar de implementar programas para satisfacer las necesidades de alimentación, especialmente para los niños foráneos que se encontraban en el lugar.
En su demanda, los quejosos afirmaron que el reglamento del albergue les obligaba a pagar una cuota para seguir ahí y que, de no hacerlo, serían desalojados.
En consecuencia, el juez de Distrito les concedió el amparo, que fue confirmado en agosto de 2020 por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo de Michoacán, donde los magistrados requirieron a las autoridades estatales y federales diversas medidas.
Entre ellas, las de verificar las condiciones del albergue, que éste tenga los servicios básicos de luz, agua, habitaciones suficientes y seguras con respeto a su derecho a la intimidad; brindar seguridad a los jornaleros, determinar si es procedente que se les cobre una cuota para permanecer en el lugar o si este monto puede ser cubierto por el Estado.
También ordenaron a las autoridades proteger a los menores migrantes que se encuentran en el inmueble y cubrir sus necesidades de educación, salud, alimentos, convivencia infantil.
Con la pandemia del Covid-19, los actos reclamados incluyeron medidas para proteger la salud de los quejosos y de los menores que siguen en albergues del Instituto Nacional de Migración (INM).
El año pasado la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., reclamó la omisión de las autoridades de salud de emitir medidas para proteger a los migrantes y personas en movilidad contra los contagios del Covid-19.
Por ello, en agosto de este año el juez Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua concedió un amparo en el que ordenó al Consejo de Salubridad General emitir acciones de prevención, contención y atención de casos de Covid-19 entre la población migrante.
También ordenó la elaboración de un protocolo para facilitar la reunificación familiar de menores migrantes no acompañados, independientemente de su nacionalidad.
Algunos de esos amparos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, por ejemplo, en octubre pasado, el Máximo Tribunal amparó a nueve migrantes que desde 2017 fueron reconocidos como refugiados y tuvieran CURP. Sun