*Para Garantizar la Transparencia en Asignación de obras.
Tapachula, Chiapas; 14 de Julio de 2025.- Empresas del sector de la construcción en Tapachula, externaron su preocupación ante la falta de información oficial sobre el nuevo tabulador de precios para obra pública, herramienta que consideran fundamental para garantizar transparencia, justicia salarial y adecuada planeación de proyectos.
Benjamín Martínez López, empresario del ramo, señaló que aunque se ha hablado de un tabulador homologado, este no ha sido compartido formalmente con los Colegios del gremio.
A inicios de año, el sector propuso actualizar los costos de obra pública con la finalidad de unificar criterios en proyectos de infraestructura como caminos, puentes y vivienda.
En mayo se firmó un acuerdo con el gobierno para publicar el Tabulador Homologado de Precios Unitarios, que permitiría establecer parámetros uniformes para cada dependencia ejecutora de obra pública.
Antes de este acuerdo, cada dependencia manejaba sus propios precios. Por ejemplo, el INIFECH, responsable de infraestructura educativa, tenía un catálogo distinto al de PROVICH, enfocado en vivienda. Esta fragmentación generaba desigualdades y complicaciones para el desarrollo equitativo de proyectos.
El nuevo tabulador busca estandarizar costos indirectos, honorarios y prestaciones, además de establecer categorías claras para el personal técnico y operativo, lo que podría traducirse en mayor transparencia y control en la ejecución de obras.
No obstante, desde el sector privado también se advierten posibles implicaciones negativas.
Martínez López alertó que un ajuste salarial sin el análisis adecuado podría elevar el impuesto sobre nómina y aumentar las cargas ante el IMSS e Infonavit. “Esperamos que el catálogo haya sido revisado con criterio técnico, porque si no se mide bien, podría afectar directamente a los empresarios”, expresó.
Las constructoras no solo exigen claridad sobre el tabulador, sino también continuidad en los proyectos públicos y mayor inversión en infraestructura por parte de los tres niveles de gobierno.
Dicha herramienta, si se implementa correctamente, puede terminar con malas prácticas, garantizar precios justos y asegurar que las obras se realicen con calidad, en tiempo y con legalidad, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista
